El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. ha lanzado una convocatoria de $180 millones de dólares para contratar empresas privadas con el fin de localizar a migrantes indocumentados, ofreciendo $300 por cada persona ubicada con éxito.
La agencia federal busca acelerar la deportación para alcanzar la meta de un millón de personas por año.
ICE requiere «servicios de rastreo de personas», lo que ha llevado a contratistas a publicar solicitudes de personal de seguridad privada en plataformas como LinkedIn.
El Riesgo de la Privatización: «Complejo de Deportación-Industrial»
Expertos y legisladores advierten sobre el peligro de privatizar funciones policiales y el riesgo de crear «incentivos perversos para capturar gente». Organizaciones como la ACLU denuncian que la ley federal prohíbe a la seguridad privada realizar arrestos migratorios, un límite que ha sido ignorado en múltiples ocasiones.
Esta tendencia se enmarca en lo que el Brennan Center for Justice denomina el «complejo de deportación-industrial», un ecosistema de lucro a costa de los derechos humanos.
Cifras Clave sobre la Detención de Migrantes
La controversia se sustenta en cifras alarmantes sobre la externalización de la detención:
El presupuesto anual de ICE para la detención de inmigrantes es 62% mayor que el de todo el sistema penitenciario federal.
Un impactante 86% de los migrantes detenidos están recluidos en prisiones de gestión privada.
El plan intensifica la polémica sobre la militarización de la frontera y la externalización de la aplicación de la ley a actores que operan con escasa supervisión y rendición de cuentas pública.
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