El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha elevado el tono contra las alianzas de gobierno entre el Partido Popular y Vox en diversas comunidades y ayuntamientos. Durante su reciente intervención, el líder del Ejecutivo calificó estos acuerdos como una «patada a la Constitución», acusando a ambas formaciones de vulnerar derechos fundamentales y retroceder en consensos democráticos consolidados.
El fin del principio de no discriminación
Para Sánchez, la entrada de la formación de Santiago Abascal en las instituciones de la mano de Alberto Núñez Feijóo supone una amenaza directa al principio de no discriminación, el cual considera un pilar «sagrado» de la carta magna española. Según el presidente, las políticas impulsadas en estos territorios están quebrando la igualdad de trato entre ciudadanos por razones de género, orientación sexual o procedencia.
«No se puede mercadear con los derechos de las mujeres ni con la dignidad de los colectivos vulnerables», enfatizó Sánchez, situando la protección de la Constitución como la principal línea de defensa frente a lo que define como una «deriva reaccionaria».
Críticas a la estrategia del Partido Popular
El presidente también dirigió sus palabras hacia la dirección nacional del PP, reprochándole que haya «abierto las puertas de las instituciones a la ultraderecha». Sánchez sostiene que estas coaliciones no son incidentes aislados, sino un modelo de gestión que busca desmantelar los avances sociales de la última década.
Entre los puntos más críticos señalados por el Ejecutivo se encuentran:
Recortes en igualdad: La eliminación de consejerías o concejalías específicas.
Cuestionamiento de la violencia de género: El cambio de terminología en los documentos oficiales.
Derechos LGTBI: La revisión de normativas autonómicas que garantizaban la protección del colectivo.
Defensa de la gestión del Gobierno central
Frente a este escenario, Sánchez reafirmó el compromiso de su gabinete con el bloque constitucionalista y el progreso social. Aseguró que el Gobierno utilizará todos los mecanismos legales a su alcance para garantizar que el principio de igualdad se respete en cada rincón de España, independientemente de quién ostente el poder regional.
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