El vicerrector administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Gustavo García, ha solicitado al Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) que exonere al sector educativo del aporte para la Ley de Protección de Pensiones. Según García, el pago de esta contribución se reflejaría en el precio de las matrículas, afectando a las familias y a las instituciones educativas sin fines de lucro.
García señaló que el impacto de la contribución especial en las universidades sería similar al de los colegios. Debido a que ambas instituciones prestan servicios sin fines de lucro, cualquier aumento en costos se trasladaría a las familias. Además, resaltó que la UCAB ha mantenido sin incremento la matrícula de estudio durante un año, afectando aún más su capacidad financiera.
Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), considera que este impuesto es una “violación al derecho a la educación”. Según Hernández, las instituciones educativas no desarrollan actividades económicas y, por lo tanto, no deberían estar sujetas a este impuesto, que finalmente se transfiere a las familias.
Fausto Romeo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados (ANDIEP), advirtió que la mensualidad de los colegios privados podría aumentar hasta un 6% debido a la contribución especial para el fondo de pensiones que entró en vigencia en mayo de 2024. Este aumento aplicaría para el periodo escolar 2024-2025, y los padres deberán pagar un retroactivo por los meses anteriores.
En conclusión, la implementación de la Ley de Protección de Pensiones podría tener un impacto significativo en el sector educativo venezolano, trasladando costos adicionales a las familias y afectando la accesibilidad a la educación de calidad.
