En una reciente conferencia de prensa, un periodista cuestionó a la Casa Blanca sobre la proporción de inmigrantes deportados que poseen antecedentes penales. La respuesta oficial fue contundente: “Todos ellos, porque todos entraron ilegalmente y, por tanto, todos son delincuentes”.
Esta declaración se alinea con la postura de la Administración Trump, que ha intensificado las redadas y deportaciones de inmigrantes indocumentados desde su regreso al poder. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha defendido estas acciones, afirmando que cualquier persona que ingresa a Estados Unidos de manera irregular es considerada un criminal y, por ende, sujeta a deportación. 
En los últimos días, se han llevado a cabo deportaciones masivas, incluyendo la repatriación de 265 guatemaltecos y un promedio de 600 arrestos diarios en Texas, casi el doble del promedio durante la administración anterior. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha desplegado tropas y aeronaves para apoyar a la Patrulla Fronteriza en estas operaciones. 
Estas medidas han generado preocupación entre las comunidades inmigrantes y organizaciones de derechos humanos, que argumentan que la criminalización de la entrada ilegal no considera las circunstancias individuales de los migrantes y puede llevar a violaciones de derechos humanos.
La Administración Trump mantiene su postura firme en materia de inmigración, enfatizando la seguridad nacional y el cumplimiento de las leyes migratorias vigentes.
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